miércoles, 1 de julio de 2020

La comisión de reconstrucción vota si en su propuesta excluye a la escuela concertada del reparto de fondos extra para educación

Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, JxCat y PNV se oponen a que los fondos vayan solo a la escuela pública
Los borradores de conclusiones que la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica discute este miércoles en el Congreso incluyen, en su parte educativa, que los esfuerzos de inversión extra en este ámbito se destinen únicamente a la escuela pública. "La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa", dice el punto 18.1 del borrador presentado por el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, que, una vez aprobado, servirá de base para las propuestas definitivas de la comisión en ese ámbito. La redacción de ese apartado dejaría fuera, según protestan en sus enmiendas tanto PP como Ciudadanos, a las escuelas de gestión indirecta, es decir las concertadas, privadas subvencionadas donde estudia un 25% de los estudiantes de enseñanzas no universitarias de todo el país, dos millones de alumnos.

De ese modo, aunque todavía quedan varios pasos en los que el texto podría modificarse ―la comisión tiene que reunir las propuestas de los cuatro grupos de trabajo en un solo texto de propuestas definitivas que se elevará al pleno para su votación final― y está por ver si podría afectar al fondo especial para la reconstrucción aprobado ya por el Gobierno, vuelve a la Cámara la eterna disputa entre ambas redes. Una pelea histórica entre la escuela pública y la concertada que tiene como principal componente la defensa de la libre elección de centros, que garantizaría la escuela privada subvencionada, pero cuya existencia como derecho de los padres a elegir (o al menos a que se lo pague en parte la Administración) niegan los defensores de la pública. Estos, además, se quejan permanentemente de que gran parte de la concertada elige a su alumnado, fomentando la segregación de los estudiantes con más necesidades especiales. Por eso, reclaman que el dinero público vaya solo a las escuelas de gestión directa.

Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, JxCat y PNV han defendido este miércoles enmiendas para suprimir esa diferenciación. "No podemos renunciar a que la financiación llegue al resto de la educación, más allá de que la educación concertada es uno de los grandes pilares del movimiento cooperativista en numerosos territorios. El objetivo es la calidad de una educación que llegue a todos los ciudadanos", dice el texto en el que el PP defiende que el artículo 18.1 de la propuesta diga que el dinero irá "a la educación pública y la educación sostenida con fondos públicos".

Mientras JxCat simplemente reclama suprimir esa última frase del artículo y PNV enmienda todas las propuestas educativas por invadir las competencias autonómicas, el de Ciudadanos señala: "limitar de antemano y sin atender a ningún criterio objetivo el incremento de la inversión educativa a los recursos de ‘gestión directa’ supone privar a todo el alumnado en recursos plenamente integrados a todos los efectos en la red educativa pública". En una nota difundida esta mañana, Ciudadanos asegura que, "ante la voluntad de los grupos que sostienen al Gobierno de dejar de lado las ayudas a la educación concertada", su grupo "seguirá negociando para que el texto final aparque las cuestiones ideológicas y pueda garantizarse, por ejemplo, que todas las opciones del sistema público educación, incluidas la educación concertada o la educación especial, salen reforzadas de esta crisis".

El debate entre pública y concertada ya ha aparecido durante la crisis sanitaria del covid-19. Fue cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el fondo de 2.000 millones de euros, que el Estado repartirá entre las autonomías para facilitar la complicadísima vuelta a las aulas que se prevé en septiembre, iría íntegramente a la pública. Luego, cuando se publicó la norma que lo regulaban se vio que finalmente no sería así, sino que las comunidades podrán decidir cómo reparten el dinero entre las dos redes. La cuantía finalmente será de 1.600 millones, pues los otros 400 se destinarán a las universidades públicas. El Ministerio de Educación asegura que, con independencia de lo que está debatiendo la comisión de reconstrucción, ese fondo extraordinario va a cubrir necesidades especiales educativas en su conjunto, lo que incluye no solo a la escuela pública sino a la subvencionada, si tiene que hacer frente a los problemas derivados de la pandemia, explica una portavoz. Aunque esta añade que las mayores problemáticas se concentran en la pública, adonde suelen acudir los alumnos con menos recursos. Aún, detalla la portavoz, no se sabe qué partida recibirá cada ejecutivo autonómico pero cada región repartirá la cuantía según sus necesidades. El dinero llegará a las autonomías en septiembre.

Las cifras muestran que el alumnado desaventajado confluye en la escuela pública. Los centros subvencionados deberían concentrar al 25,6% de los alumnos de origen inmigrante y matriculan al 14,1% del total, mientras a la pública acudieron el 79%, según datos del ministerio. Además, mientras el 2,3% de los alumnos de la escuela concertada tiene necesidades especiales de aprendizaje en primaria, en la pública son el 3,7%. En secundaria la diferencia se acorta: representan un 2,7% en la subvencionada y un 2,8% en la pública.

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