El Ejecutivo aprueba el nuevo decreto que ya cuenta con el apoyo de Cs y PNV. El ministerio ve apuntalada su labor de coordinación y liderazgo, aunque ha de contar con el Consejo Interterritorial
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes ese real decreto ley de nueva normalidad, que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE, aunque deberá convalidarse en el Congreso en el plazo máximo de treinta días. El PNV apoya el texto y con Ciudadanos el acuerdo ya está también cerrado, de modo que el respaldo de la Cámara Baja no correría peligro. El Consejo de Ministros alumbró el decreto en su primera reunión presencial desde el 14 de marzo, cuando dio vía libre a la declaración de alarma. Los miembros del Gabinete, todos ellos con mascarilla, se dispusieron de nuevo, como aquel día, en una gran mesa en forma de U en la sala de Tapices (o Barceló) de la Moncloa. Antes de la deliberación, guardaron un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.
El titular de Sanidad, Salvador Illa, explicó los pilares del nuevo decreto, que introduce algunos pequeños cambios respecto al primer borrador, aunque no sustanciales. Así, se precisa que este texto que regula la nueva normalidad, el patrón de conducta de los ciudadanos en convivencia con el coronavirus, se aplicará en toda España una vez concluida la alarma y "hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".
Además, el Gobierno "consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria". En la primera redacción, simplemente se decía que el decreto estaría en vigor hasta que el Ejecutivo declarase el fin de la emergencia sanitaria. Dicho de otro modo, en la última versión se precisa que el Ejecutivo ha de contar con el parecer de las CCAA y también con un informe del CCAES, el organismo que depende del Ministerio de Sanidad y que dirige el doctor Fernando Simón. ¿Y cuándo ocurrirá eso? No hay fecha aún: será cuando se haya "derrotado definitivamente" al virus. Esto es, cuando haya vacuna contra el SARS-CoV-2 o un tratamiento "eficaz".
El texto mantiene, para las personas mayores de seis años, la obligación del uso de la mascarilla tanto en espacios al aire libre como cerrados cuando no es posible mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Será obligatoria para todo tipo de transporte público (menos, en el caso de buques o embarcaciones, cuando se halle dentro del camarote o en las cubiertas exteriores y sea posible guardar los 1,5 metros), pero no será exigible en aquellos ciudadanos con dificultades respiratorias, o sean dependientes y discapacitados y no dispongan de autonomía para quitarse esta prenda facial. Tampoco será requerida cuando se practique deporte individual al aire libre, por causa de fuerza mayor o cuando la propia naturaleza de la actividad lo impida (cuando se coma o se beba, por ejemplo). Incumplir este empleo obligatorio de la mascarilla acarreará una multa de hasta 100 euros.
El decreto establece unas medidas mínimas de prevención e higiene en distintos espacios (centros de trabajo, establecimientos sanitarios, residencis de mayores, centros docentes, locales comerciales, hoteles y alojamientos turísticos, bares y restaurantes, equipamientos culturales, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros sectores). El punto común es la observancia de las medidas de higiene, desinfección, prevención y acondicionamiento y la garantía de que se mantiene una distancia "de entre 1,5 y 2 metros". Ciudadanos exigió que la distancia entre personas fuera de metro y medio, para hacer más fáciles las condiciones a los negocios y el resto de establecimientos, para "seguir protegiendo la salud de los españoles y reactivar la economía".
El objetivo, en cualquier caso, es evitar por todos los medios todo tipo de aglomeraciones o coincidencias masivas de personas. De ahí que se incluya la necesidad de vigilancia de los aforos. Las CCAA podrán perfilar estas disposiciones generales incluidas en el real decreto ley del Gobierno. El Ejecutivo, dijo el ministro, "establece medidas de carácter general, de distancia interpersonal de 1,5 metros, y corresponderá a las autoridades sanitarias y de salud pública de cada comunidad autónoma precisar las limitaciones de aforo al igual que antes del estado de alarma y como ya puede suceder en las autonomías que se encuentran en fase 3". Illa, no obstante, apeló a la "responsabilidad" de los ciudadanos para cuando se levante la alarma, a las 00:00 del 21 de junio, y ya pueda haber movilidad —incluido entre CCAA— sin restricciones.
En el caso específico de los servicios sociales, se especifica que las CCAA deberán "garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género [...], con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen". Es decir, que se ha de asegurar la conexión de estos centros con la Administración sanitaria. Además, los titulares de estas instalaciones —las residencias geriátricas se han convertido en un dramático foco de la pandemia: solo en Madrid han fallecido unos 6.000 mayores— han de tener previstos planes de contigencia para la detección precoz de casos de covid-19.
También a iniciativa de Cs, el Gobierno introduce una cuestión relativa al deporte profesional. En el caso de LaLiga de fútbol y la Liga ACB de baloncesto, la administración competente para aplicar las medidas para evitar aglomeraciones y vigilar las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento será el Consejo Superior de Deportes (CSD), "previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas". Las decisiones del CSD deberán "proteger" tanto a los deportistas como al público asistente. La última palabra la tendrá, pues, el CSD, y decidirá de manera uniforme. "Se tiene que jugar en las mismas condiciones. Será el CSD el que tomará una decisión al respecto conforme vaya evolucuionando la pandemia", aclaró el ministro.
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