viernes, 26 de junio de 2020

El Gobierno aprueba la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre

La portavoz del Ejecutivo defiende que la futura norma sobre el teletrabajo llegará en el "marco del diálogo social"
El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha dado luz verde a la prórroga hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor. La medida llega in extremis, ya que su actual regulación caduca el próximo 30 de junio, después de que el jueves los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, llegaran a un acuerdo con la patronal y los sindicatos tras semanas de duras negociaciones.

"El real decreto contempla que las empresas que se encuentran hoy en ERTE por fuerza mayor parcial se puedan beneficiar de las bonificaciones vigentes hasta el 30 de septiembre", ha detallado este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, las empresas con menos de 50 trabajadores en ERTE parcial tendrán una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social del 60% para los empleados que se reincorporen y del 35% para los que sigan en suspensión de empleo. Aquellas con una plantilla superior se beneficiarán de una exoneración del 40% para los trabajadores que se activen y del 25% para aquellos cuya actividad siga suspendida. "El beneficio es mayor si las empresas reincorporan a sus empleados", ha indicado Montero, quien ha añadido que este viernes es el primer día de cobro del ingreso mínimo vital (IMV), la prestación que el Gobierno ha aprobado para las familias más vulnerables. "Hemos agilizado toda la tramitación de estas solicitudes para que puedan ingresarlas ya hoy", ha señalado.

En el caso de las empresas que sigan en ERTE total, el decreto establece un "periodo transitorio de bonificaciones decreciente", ha detallado Montero: del 70% en julio, del 60% agosto y del 35% en septiembre para las empresas con plantilla inferior a 50 empleados; del 50%, 40% y 25%, respectivamente, para las más grandes. Si hubiera nuevos rebrotes, ha añadido la ministra, se prevé que se pueda acceder a un nuevo ERTE por fuerza mayor con bonificaciones "en torno al 80%" para las empresas más pequeñas y de entre el 50% y el 60% para las demás.

El Gobierno decidió flexibilizar los ERTE al principio de la emergencia sanitaria para evitar una destrucción masiva de empleo durante el confinamiento. La fórmula escogida implicaba que las empresas obligadas a cerrar su actividad por el estado de alarma pudieran acogerse a un expediente por fuerza mayor con importantes bonificaciones en las cotizaciones a pagar a la seguridad social: una exoneración del 100% para las compañías con plantillas inferiores a los 50 empleados y del 75% para las que tuvieran más trabajadores. Con la prórroga aprobada este viernes, las bonificaciones se mantendrán durante más tiempo para aliviar a aquellas actividades que siguen en dificultad, pero su cuantía se verá mes a mes reducida.

El Gobierno también acordó extender hasta el 30 de septiembre la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos ―reconocida a quienes hubieran tenido que cerrar la actividad por el estado de alarma o hubieran registrado una caída en su facturación superior al 75%―, que además de la ayuda implica la exención en el pago de la cuota a la Seguridad Social. El jueves el Ejecutivo pactó con las organizaciones ATA, UPTA y Uatae que se prorrogue hasta el 30 de septiembre, aunque la bonificación en la cuota se irá reduciendo. "Será del 100% en julio, del 50% agosto y del 25% en septiembre", ha detallado Montero. Asimismo, ha explicado que el Gobierno ha aprobado una prestación extraordinaria para los autónomos de temporada de hasta el 70% de la base mínima de cotización, que se empezará a devengar en junio y que tendrá una duración máxima de cuatro meses.

La flexibilización de los ERTE ha sido una de las medidas estrella del Gobierno para limitar los daños causados por el parón de la actividad. Unos 3,7 millones de personas han llegado a estar cubiertas por esta prestación ―ahora, a medida que la desescalada avanza y los afectados vuelven a incorporarse a sus puestos, la cifra ronda los dos millones― por un total de unos 550.000 expedientes aprobados. El Gobierno tardó semanas en llegar a un acuerdo con los agentes sociales y para llegar a un consenso tuvo que mejorar su propuesta, que según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social supondrá un coste adicional de unos 11.000 millones de euros.

Montero también ha aclarado que el Ejecutivo no contempla ningún cambio en la normativa fiscal relativa a los ERTE. Los trabajadores ahora afectados por un expediente se arriesgan el año que viene a tener una declaración a ingresar, ya que de cara a la Agencia Tributaria tendrán dos pagadores. "No hay prevista ninguna reforma fiscal. Todos los trabajadores contribuirán en la medida en que reciben", ha justificado la ministra. "Si no tenemos una fiscalidad amplia, progresiva y justa no podemos seguir dando prestaciones a los trabajadores, ya sean autónomos o trabajadores por cuenta ajena, que son también los que se benefician de esa aportación".

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