La
institución encargada de medir la pobreza considera insuficientes las
medidas del Gobierno para evitar el peor retroceso en más de una década
El frenazo, el mayor entre las grandes economías latinoamericanas según las previsiones del FMI, azota al país tras una década de modesta disminución de
la pobreza. En medio de un prolongado estancamiento económico, entre
2008 y 2018 México redujo en 2,5% el número de personas en condiciones
de privación. Pasaron de representar el 44,4% de la población al 41,9%.
La pobreza extrema también vio una disminución del 3,6%, es decir, tres
millones de personas menos. Ahora, el coronavirus puede devolver al país a la casilla de salida.
El
Coneval prevé un incremento del número de personas en pobreza extrema
por ingreso de entre el 4,9% y el 8,5%, en base a un retroceso del PIB
proyectado en 5% para 2020. La población bajo esa línea del bienestar
puede pasar de 21 millones de personas en 2018, el 16,8% del total, a
31,7 millones, el 25,3%, en el peor escenario. La estimación se basa en
la experiencia de la recesión de 2009, aunque el impacto será mayor esta
vez. El investigador y coautor del informe Guillermo Cejudo considera las proyecciones "una señal de alarma". "La
pandemia nos toma mal parados. La cobertura de la protección social y
de salud ya eran bajas antes de la crisis, pese a las mejoras en la
última década", afirma.
El bache pone de relieve las lagunas de la política social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ha hecho del "primero los pobres"
uno de sus lemas favoritos y ha puesto en marcha nuevos programas para
atender a sectores específicos de la población. El campesinado se
beneficia de subsidios a cambio de la siembra de árboles y los adultos
mayores, de la ampliación e incremento en el monto de las pensiones.
Pero el Coneval afirma que ninguno de los 19 programas prioritarios "se dirige explícitamente" a aquellos que más pueden sufrir la crisis: la población en edad de trabajar en las zonas urbanas. "Varios
componentes importantes de la política social, por buenas razones, han
tenido como destino la pobreza rural. Sin embargo, es justo la urbana la
que va a tener un mayor golpe por el tipo de empleo y los efectos más
fuertes de contagio en esas zonas", explica Guillermo Cejudo.
México
no cuenta con seguro por desempleo y el Gobierno no ha anunciado
acciones dirigidas a aquellos que se han quedado sin trabajo como
consecuencia de la pandemia - entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346.800 empleos formales,
más que los creados en todo 2019, según datos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)-. Y, si bien el Ejecutivo ha puesto en marcha
un programa de microcréditos para las pequeñas empresas, el informe
señala que hay una "falta de política públicas" para atender a la
población con ingreso medio. El Coneval recomienda ir más allá de los
créditos y plantea subsidiar la cuotas que los patrones pagan a la
seguridad social por sus trabajadores. Por ahora, López Obrador se ha
negado a contemplar cualquier diferimiento o reducción de impuestos a
las empresas por considerar esas medidas "rescates al estilo neoliberal".
En
este marco, el organismo recomienda un aumento sustancial de los
recursos para hacer frente a la crisis. Para atender a las casi nueve
millones de personas que no fueron cubiertas por los programas pese a su
elegibilidad, el Gobierno necesitaría aumentar el presupuesto en
137.288 millones de pesos, unos 5.700 millones de dólares, hasta
alcanzar un gasto total equivalente al 1,2% del PIB. Esta recomendación
puede chocar con la cuestionada política de austeridad de López Obrador,
quien se ha negado a pedir préstamos a instancias internacionales y ha
preferido pasar la tijera a los salarios de funcionarios y al gasto
operativo. El FMI estima en menos del 1% del PIB la respuesta fiscal del
Ejecutivo a la crisis, una de las más débiles de la región.
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