La Seguridad Social estudia una cuantía de la ayuda mensual entre los 426 y los 1.015 euros
El
Gobierno aún está afinando las cifras del ingreso mínimo vital. En la
segunda mitad de mayo, plazo que se dio el ministro de Seguridad Social,
José Luis Escrivá, tiene que estar listo este instrumento para ayudar a
los más vulnerables. El ministerio ya tiene borradores de textos
legales, y en ellos se ve que la ayuda estará entre 462 euros en el
supuesto más bajo y 1.015 euros en el más alto.
Fuentes del instituto previsor advierten de que, aunque ya existen
esbozos de esta ley, nada está definitivamente decidido y los números
finales pueden cambiar.
Las cantidades que cobren finalmente las familias dependerán de la situación del hogar o "unidad de convivencia",
nombre que recibirá legalmente, según la información que refieren
fuentes de comunidades autónomas. Esos 462 euros mensuales serán el
mínimo de renta que se podrá percibir y llegarán a los adultos que vivan
solos. A partir de ahí, irá aumentando el ingreso. Si en ese hogar de
un solo adulto vive además un niño, la cantidad ascenderá a 600 euros
más otros 100 como complemento. Si hay dos niños, la cantidad se elevará
a 838 euros. Cuando la familia no sea monoparental, el complemento de
100 euros desaparece. El límite está en 1.015 euros al mes, en los
hogares con dos adultos y tres hijos o más.
Una
cosa a tener en cuenta es que los beneficiarios no tienen por qué
percibir la ayuda íntegra. Ese dinero es lo que entiende la Seguridad
Social que es el mínimo vital y lo que hará será completarla hasta
llegar a esa cantidad. Es decir, si una madre que viva con su hija cobra
200 euros trabajando en un empleo a tiempo parcial, el Estado
complementará esos ingresos hasta llegar a los 700 euros que
corresponden a esta situación.
La
Seguridad Social no tendrá en cuenta a la hora de conceder el ingreso
mínimo si el beneficiario también recibe becas de estudio, ayudas a la
vivienda o las que se dan en casos de emergencia. Esta compatibilidad ya
existe en rentas autonómicas de este tipo, como la vigente en el País
Vasco.
Precisamente,
las rentas autonómicas también serán compatibles con el ingreso mínimo,
según se deduce de la información remitida a las autonomías. No
obstante, fuentes de su departamento advierten de que no está cerrado
cual será el grado de compatibilidad, puesto que, señalan, no tendría
mucho sentido que se puedan sumar plenamente las dos ayudas. La forma en
que ambas rentas convivan es uno de los puntos más complicados del
diseño del ingreso mínimo y también de negociar con las comunidades. Con
ellas hubo encuentros telemáticos la semana pasada.
A
la hora de definir la situación de vulnerabilidad de una familia, se
excluirá a aquellas que tengan un patrimonio neto valorado en 100.000
euros. Por ejemplo, porque ese sea el valor de una vivienda en
propiedad. Todas estas cifras se suman a las que ya se conocían, como
que el coste para las arcas públicas será de unos 3.000 millones al año.
También se sabe que el Gobierno calcula, que llegará a un millón de
hogares. En la mitad de ellos viven niños.
La
negociación con las comunidades y grupos parlamentarios como el PNV son
decisivas para dar este paso adelante en el Estado de bienestar. La
Constitución deja en manos autonómicas el despliegue de la asistencia
social. De hecho, todas las comunidades tienen algún tipo de ayuda para
los colectivos más desfavorecidos. El País Vasco es la que tiene un
mayor colchón. A pesar de esto, el Tribunal Constitucional deja margen a
la Seguridad Social para actuar en este campo y, de hecho, el instituto
previsor otorga prestaciones, como la de hijo a cargo, que podrían
servir de precedentes.
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