El Ministerio de Educación y las autonomías prevén un modelo escolar mixto "online" y presencial. La comunidad escolar reclama más recursos
El Gobierno trabaja con las autonomías para establecer un límite máximo
de alumnos por aula el curso que viene. El número más probable es 15.
Algunas comunidades permiten ahora hasta 28 en primaria y 40 en
Bachillerato. El Ministerio de Educación y los Ejecutivos autonómicos
ven inviable duplicar los grupos por varias razones, la principal de las
cuales es de índole presupuestaria: no habrá dinero para doblar las
plantillas y ampliar suficientes espacios escolares, así que el
escenario que se abre paso es el de un sistema de enseñanza mixto en el
que el alumnado asista a clase por turnos —de mañana y tarde o, más
probablemente, en días o semanas alternos— y trabaje en casa la otra
parte del tiempo.
"Hay que compaginar la escuela con la necesidad del control
epiodemiológico, y la prioridad es evitar el contagio, la salud
pública", afirmó este lunes una portavoz del ministerio. Las
familias consideran que esa nueva normalidad escolar exigirá medidas de
conciliación; los directores de centros ven imprescindible recursos para
adecuar las instalaciones, y los sindicatos de profesores exigen "aumentos sustanciales de las plantillas docentes" para poder compaginar
los planos presencial y a distancia.
La premisa con la que trabajan las autoridades educativas es que, a
menos que la ciencia descubra un tratamiento muy eficaz que dé un giro
radical a la pandemia, en septiembre las normas de precaución de
distanciamiento físico van a seguir siendo estrictas. Y ello va a
obligar a prolongar las condiciones excepcionales. La diferencia, indica
la portavoz del Ministerio de Educación, es que, al contrario de lo que
sucedió con el inesperado cierre escolar de marzo, ahora hay tiempo
para preparar la parte online de la docencia y proporcionar a
todos los alumnos que carecen de equipos y conexión en el hogar los
medios necesarios. Y tampoco es lo mismo, añade, pasar tres meses sin
pisar la escuela que una docencia mixta, en la que habrá un contacto
regular con el profesorado y podrá orientarse mejor el trabajo a
distancia. La drástica reducción de la ratio permitirá, además, que
cuando los alumnos estén en el aula, los docentes puedan dedicarse a
ellos de forma más presencial, potenciando su labor de tutorización.
El impacto no será igual en todos los centros. En una entrevista publicada este lunes
en 20 Minutos y el Heraldo de Aragón, la ministra de Educación, Isabel
Celaá, planteaba que tendrían que reducir a la mitad su capacidad. Pero
la opción que está sobre la mesa es establecer un número máximo de
estudiantes, de modo que las escuelas rurales con pocos alumnos que
puedan cumplir las normas de distanciamiento podrán seguir funcionando
como hasta ahora, sin necesidad de acudir a la docencia online. En los
colegios e institutos urbanos el problema será mucho mayor. Y aun así,
como su realidad arquitectónica es diversa, la respuesta no será
uniforme, señala la portavoz del ministerio, porque cada centro elegirá
la mejor manera de cumplir con las normas. Y también las comunidades,
que tienen transferidas gran parte de las competencias educativas,
podrán adaptar el marco general que se acuerde según sus condiciones.
Responsables educativos autonómicos consultados por este periódico
admiten que la reducción del número de alumnos los sitúa ante un grave
problema, porque, a la espera de los fondos adicionales que pueda
proporcionarles el ministerio, no creen que vayan a poder contar con
muchos más recursos. "Con la crisis que se avecina, nuestra pelea va a
ser mantener el mismo presupuesto que este año para el profesorado. Eso
lo podemos conseguir. Pero aumentar el número de docentes de forma
significativa está descartado", resume uno de ellos. "Todos los
gobiernos vamos a tener que redefinir nuestras cuentas para hacer frente
a las consecuencias de la pandemia y todo eso tiene que salir de un
presupuesto que siempre es limitado", advirtió Amador Cuenca,
viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha. "Plantear un
incremento significativo de las plantillas no es realista, porque es
evidente que la situación económica no lo permitirá", agregó Antoni
Morante, director general de Planificación, Ordenación y Centros de
Baleares.
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