Sanidad tutelará los laboratorios privados para acelerar los test del coronavirus y controlar los precios

El Gobierno pone estos centros a disposición de las comunidades autónomas, que podrán limitar los precios de las pruebas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos recomiendan hacer test masivos sobre coronavirus a la población, algo que todavía no ocurre en España. Sin embargo, la sanidad privada realiza pruebas a aquellos que puedan pagárselas. Para remediar esta situación, el Gobierno ha lanzado una orden ministerial —publicada este martes en el BOE— que permite a la sanidad pública tomar el control de los laboratorios privados para acelerar las pruebas de Covid-19, así como vigilar los precios de estos. Esta iniciativa incluye que los Gobiernos autonómicos puedan adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas privadas "con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio".

Desde este martes, los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas "tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal", tal y como recoge el documento. Además, la nueva normativa obliga a estos centros privados a notificar a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas los casos de coronavirus confirmados a través de sus pruebas diagnósticas.

La orden cierra la puerta a que quien lo desee pague por un test si no lo recomienda un sanitario, es decir, si no tiene síntomas ni ha estado en contacto con personas de riesgo o contagiados. "La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección de Covid-19 deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente". 

A partir de este momento, las entidades públicas o privadas que dispongan de materiales para realizar pruebas diagnósticas deberán comunicárselo "a la mayor brevedad" a los responsables de Sanidad autonómicos. En este apartado se incluyen "hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos", y en la comunicación hay que indicar tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso. Serán las comunidades las que se encarguen de comunicárselo al Ministerio de Sanidad, que a su vez podrá disponer de estas pruebas "en atención a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión".

La norma, que estará en vigor mientras dure el estado de alarma, establece también que se podrá sancionar a los laboratorios o centros privados que no cumplan con lo requerido. Esta iniciativa complementa la tomada el pasado 16 de marzo, cuando el Gobierno puso los hospitales privados a las órdenes de las comunidades autónomas y obligó a estos centros a informar al Ejecutivo de sus existencias.

Según datos del Ministerio de Sanidad, España realiza entre 15.000 y 20.000 test PCR diarios, los más seguros, pero esta cifra debería ser mucho mayor. La burocracia impide usar máquinas para hacer este tipo de test en centros de investigación, con los que se podría llegar a las 50.000 pruebas al día. El Ejecutivo asegura que está validando estos laboratorios, pero todavía no lo ha hecho. Además, el Gobierno ha anunciado que va a poner en marcha un estudio de seroprevalencia para analizar 30.000 hogares —unas 62.000 personas— que sirvan como muestra para saber qué porcentaje de los españoles ha pasado ya la infección. Este estudio, anunciado hace unos días, sigue sin ponerse en marcha.