El proveedor del material para combatir el coronavirus es una asesoría laboral de Málaga con pérdidas
El Ministerio de Sanidad ha adjudicado un contrato de 4,2 millones a una
firma sin trabajadores que registró unas pérdidas de 318 euros el
último año que declaró sus cuentas (2018), según el registro mercantil.
La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA), un organismo que depende del Ministerio, otorgó el pasado
viernes a la empresa malagueña Value&Bro S. L. un contrato por este
importe para el suministro de reactivos y 700.000 hisopos, los
bastoncillos para tomar las muestras de las pruebas de la covid-19. La
empresa se dedica al asesoramiento legal, laboral y tributario.
La adjudicación se formalizó por el procedimiento negociado sin
publicidad en la línea de los contratos suscritos por el Gobierno con
proveedores sanitarios tras la declaración del estado de alarma por la
pandemia, el 14 de marzo.
Con un capital social de 4.000 euros, Value&Bro S. L. es una
microempresa. El último año que declaró sus cuentas al registro
mercantil (2018) comunicó un activo de 3.519 euros y unas ventas de
4.300.
Los orígenes de esta empresa se remontan a 2013, cuando la firma se
denominaba Administración concursal Marsan SLP y su objeto social era la
gestión de concursos de acreedores.
Javier Alcántara, agente de Value&Bro S. L., defiende la legalidad
de la adjudicación. Rechaza que la empresa actúe como un intermediario y
sostiene que el contrato para suministrar 700.000 bastoncillos cuenta
con el visto bueno del Instituto de Salud Carlos III.
Según Alcántara, Value&Bro S. L. "tiene una fábrica en China". Y,
cuando se le pregunta por el nombre de la factoría, su capacidad de
producción o ubicación, responde tajante: "No le puedo dar detalles".
La propietaria de la empresa, la abogada Eva Paola Martínez, admite que
Value&Bro S. L. "no tiene fábrica en China". "Tenemos acuerdos [con
factorías de material sanitario] en el país, subcontratamos", responde
sin detallar sus proveedores en el país asiático. Apela a acuerdos de
confidencialidad. Y añade que tiene suscrito un convenio con un "laboratorio biotecnológico de China". Tampoco identifica su nombre.
Pese a carecer de plantilla, la firma malagueña cuenta con una red de
agentes, empleados autónomos que perciben una comisión del 20% por los
contratos adjudicados, según Martínez. "La Guardia Civil ya me ha
investigado en los últimos días", indica la abogada, que alude a unas
pesquisas del instituto armado para acreditar la solvencia de su firma
como proveedor del Ministerio de Sanidad.
La propietaria de Value&Bro S. L. destaca que entre sus clientes
figuran organismos públicos como el Servicio Andaluz de Salud (SAS), las
diputaciones de Cádiz y Málaga y dos ayuntamientos andaluces. Según la
empresaria, estas entidades han adjudicado contratos a su firma por 10
millones de euros.
El Ministerio de Sanidad
elude responder al contrato de Value&Bro SL. Y subraya que todos
los importadores de material sanitario deben pedir una licencia a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). "La
legislación española establece que, de manera excepcional, la AEMPS
podrá autorizar, por motivos justificados, importaciones de productos en
empresas que no posean una licencia sanitaria de importación
previamente", indican en un correo desde el departamento que dirige
Salvador Illa.
Desde que el Ejecutivo decretó el estado de alarma, el pasado 14 de
marzo, la adquisición de material sanitario a China ha protagonizado
distintas polémicas. El Gobierno adquirió en marzo 640.000 test rápidos
para detectar el virus que no funcionaban bien. Se trataba de pruebas
con una sensibilidad del 30% cuando debían superar el 80% para
considerarse efectivas.
Sanidad también tuvo que retirar la semana pasada una partida de
mascarillas defectuosas compradas por adelantado que han dejado a más de
un millar de sanitarios en aislamiento. Los protectores, desechables
del tipo FFP2, fueron suministrados por el fabricante GarryGalaxy y se
adquirieron al intermediario chino Hangzhou Ruining Trading. La compra
formó parte de un lote de casi nueve millones de mascarillas de tres
productores distintos. El Ejecutivo desembolsó por esta partida 31,3
millones de euros.
jueves, 23 de abril de 2020
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Sanidad adjudica a una firma sin empleados un contrato de 4,2 millones
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