viernes, 24 de abril de 2020

Murió José María Luzón, el fiscal que logró la condena de Vera y Barrionuevo

Luzón, que ocupó el cargo de teniente fiscal del Tribunal Supremo, falleció este jueves en Madrid a los 85 años
El fiscal José María Luzón murió ayer en Madrid a los 85 años de edad. Atrás quedarán en los libros de la historia reciente de España cuando el 6 de julio de 1998 pidió ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo 23 años de cárcel para el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex director general de Seguridad Rafael Vera porque sin ellos "no habría sido posible la guerra sucia" contra ETA. 

Un implacable Luzón, fiscal del caso Segundo Marey, dijo entonces que "el terrorismo de Estado determina un quebrantamiento del Estado de Derecho". Consiguió que el Alto Tribunal condenara a los socialistas Vera y Barrionuevo a diez años de cárcel y se opuso, posteriormente, a que se les concediera el indulto tras los denominados crímenes de Estado.

Luzón fue nombrado en enero del año 2000 teniente fiscal del Supremo a propuesta de fiscal general Jesús Cardenal, de quien fue mano derecha. Cuando el magistrado Cándido Conde-Pumpido fue nombrado fiscal general del Estado por el PSOE, mantuvo a Luzón como número dos de su Fiscalía hasta su jubilación. 

Ejerció en primera línea de batalla durante sus años como teniente fiscal del Supremo, asumiendo los asuntos más importantes y de mayor relevancia mediática en primera persona.

Junto a los GAL, fue el fiscal que pidió en el Alto Tribunal ocho años de prisión para la Mesa Nacional de Herri Batasuna por un delito de colaboración con ETA tras difundir un vídeo de la banda durante la campaña electoral de 1996. Otro de los casos por los que se recordara a este fiscal fue por sostener que el magistrado Javier Gómez de Liaño no prevaricó al dictar varias resoluciones en el caso Sogecable. El Supremo no acogió su tesis y condenó a Liaño a quince años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por falta de imparcialidad en el juicio al togado.

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