Nacido en la población valenciana de Xirivella en 1950, Cotino se inició en la política en las filas de la UCD, en los años de las Transición. Pero pronto cambió las siglas por las del partido de su estrecha amiga, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fallecida en 2016, quien lo nombró concejal en el Ayuntamiento. Desde entonces su carrera política no dejó de ascender hasta convertirse en una persona clave en el PP valenciano, con excelentes contactos con la dirección popular en Madrid. No en vano, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, lo nombró director general de la Policía en 1996, cargo que desempeñó seis años hasta que fue designado Delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Su carrera discurrió entonces por los cauces de la política autonómica. Soltero, valencianohablante, religioso, se ganó fama de ser una persona próxima las tradiciones autóctonas y al pueblo. Su nombre, no obstante, desbordó de nuevo las fronteras locales cuando fue acusado por familiares de las víctimas del accidente del metro, que segó la vida a 43 personas en 2006, de haberles ofrecido puestos de trabajo a cambio de silencio. El lo negó, pero su imagen nunca se recuperó de aquel programa televisivo en el que el periodista Jordi Évole le perseguía preguntándole por su actuación en el accidente del metro, mientras él intentaba rehuir sin contestar a las preguntas. Además, empezaron a aflorar los escándalos vinculados con los intereses empresariales de su familia, en particular de su sobrino, Vicente, implicado en varios casos, desde Gürtel hasta el que ha llevado a Eduardo Zaplana a estar investigado por el supuesto cobro de comisiones cuando era presidente de la Generalitat con el PP, un periodo que abarcó entre 1995 y 2002. Hace unos seis años, dejó la política activa.
El pasado 12 de marzo, Cotino prestó declaración en la Audiencia Nacional por la visita del Papa. Él, que hizo ostentación del crucifijo y de la biblia en su juramento como presidente de las Cortes valencianas, que nunca ocultó su sentimiento religioso católico y sus buenas relaciones con la curia, él fue señalado por una batería de acusados de ser uno de los principales urdidores de la operación fraudulenta. Aunque el exvicepresidente autonómico se desvinculó y dijo que no supo nada de la existencias de las empresas de Francisco Correa hasta que se levantó el secreto de sumario, el hombre fuerte del líder de la trama en la Comunidad Valenciana (Álvaro Pérez, alias El Bigotes) apuntó a él sin paliativos: "Cotino lo llevaba absolutamente todo [de la organización de la visita del Papa]. La última palabra en todo la tenía él".
Esa declaración refuerza la tesis de la Fiscalía, que pedía 11 años de cárcel para él por "impulsar activamente" y "gestionar de facto" la contratación irregular de grandes pantallas y de la sonorización para la retransmisión de la visita del Papa. Se inflaron los precios con un sobrecoste cercano a los 3,5 millones de euros, que se repartieron entre los cabecillas de la Gürtel y otros acusados, como el exdirector general de Canal 9, Pedro García. Con su muerte, esta petición de pena decae, pero habrá que ver ahora cómo influye su fallecimiento en las estrategias del resto de defensas, algunas de las cuales también habían apuntado a Francisco Camps, expresidente autonómico. La vista oral se suspendió el pasado marzo tras desatarse la crisis del coronavirus.
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