Los ERTE para 3,5 millones de trabajadores desbordan el sistema público

Miles de empleados corren el riesgo de cobrar tarde las prestaciones por la saturación. Trabajo refuerza sus recursos para cuadruplicar los reconocimientos de prestaciones

La avalancha de ERTE y afectados está poniendo a prueba a los servicios públicos de empleo. La cifra de expedientes ya supera los 450.000 y la de afectados los tres millones. Esto ha provocado un atasco que ha llevado a muchas comunidades autónomas a multiplicar el personal que tramita las suspensiones de empleo. Pero el verdadero desafío está en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Fuentes del Ejecutivo señalan que durante este mes la situación está llevando al antiguo Inem a forzar su sistema informático para cuadruplicar el reconocimiento de prestaciones para que a comienzos de mayo puedan cobrar "la mayoría de afectados".

Este martes hace un mes que España decretó el estado de alarma. En este tiempo, la cifra de afectados por ERTE más que duplica todos los que hubo entre 2009 y 2019, algo más de 1,57 millones en unos años nada fáciles, especialmente los primeros. Tal avalancha ha llevado a los servicios públicos, mermados tras años de recortes, a afrontar una carga de trabajo sin precedentes. "En los primeros días tuvimos un verdadero atasco", admite el consejero de Empleo de Baleares, Yago Negueruela, que explica que al explotar la crisis esta administración autonómica tenía un funcionario tramitando ERTE y ahora hay 103. También su homólogo valenciano subrayaba hace unos días que han incrementado el personal de 10 a 40 trabajadores para intentar "despejar" el atasco a finales de la semana pasada. Lo mismo cuentan en Canarias, gran atasco inicial y refuerzo significativo de plantillas. En esto último ponen el acento Aragón, Cataluña o Andalucía.

El consejero de Trabajo catalán, Chakir El Homrani, defendió su gestión el jueves en una comparecencia parlamentaria: "Estamos resolviendo expedientes sábados y domingos, los intentamos resolver todos para dar seguridad jurídica, solo un 3,5% se cerraron por silencio administrativo". En busca de esa misma seguridad, varias autonomías aumentaron el plazo de resolución de cinco días a 10, pero lógicamente eso retrasa la tramitación.

A pesar de los refuerzos, la visión que tienen quienes tramitan los expedientes al otro lado de la ventanilla es crítica. La abogada laboralista Teresa Aguirre ha presentado ERTE en Madrid, Valencia y el País Vasco. Se queja de que hasta ahora solo le ha llegado una resolución y de que en la Comunidad de Madrid, donde ha presentado la mayoría, ni siquiera puede seguir la tramitación, "no hay visión del expediente". Sus clientes han sido colegios, restaurantes, un museo. "Solo tengo una resolución", se queja, y deduce que las demás las tendrá aprobadas por silencio administrativo.

Como las tramitaciones están siendo telemáticas, Aguirre habla de caídas de aplicaciones y páginas de Internet colgadas. Y lo dice tanto de las administraciones autonómicas, encargadas de tramitar el ERTE cuando solo afecta a una comunidad, como del Servicio Público de Empleo, a quien las empresas deben remitir directamente los listados de afectados para que se reconozca antes la prestación. Ella apunta que hasta finales de marzo no tuvieron claro los formatos en que tenía que remitirse y también señala que para evitar atascos electrónicos han estado subiendo los datos de afectados a la web del SEPE de madrugada.