El Gobierno trabaja desde hace semanas en un plan para agilizar la Administración de Justicia tras la pandemia de covid-19 y evitar, en lo posible, el colapso de los tribunales. La actividad judicial no urgente lleva un mes suspendida, lo que ha obligado a posponer trámites y a aplazar miles de vistas que estaban programadas para estas semanas. A las consecuencias del parón se unirá, además, el previsible aluvión de asuntos derivados del estado de alarma, desde temas laborales y societarios como ERE, ERTE y concursos, a recursos contra las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento.
Las peculiaridades de la Administración de Justicia, con las competencias divididas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, dificultan la toma de decisiones consensuadas, un mal al que se está intentando hacer frente a golpe de videoconferencias. Desde que se inició la crisis, se han mantenido reuniones para determinar qué servicios eran esenciales y debían seguir pese al estado de alarma, cómo garantizar las medidas sanitarias en las sedes judiciales o quiénes debían acudir a su puesto de trabajo y quiénes y cómo podían teletrabajar.
La preocupación ahora empieza a centrarse en el día después, que en los tribunales algunos auguran como dramático si no se atina con las medidas que se tomen. El Ministerio trabaja ya en ese plan, que el real decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de marzo, obliga a tener listo 15 días después de que se levante el estado de alarma.
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