La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y establece un incremento de al menos el 50 por ciento "de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas de alimentación y nutrición". Organizaciones sociales y políticas se concentraron frente al Congreso de la Nación para exigir la aprobación del proyecto.
La iniciativa también faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente las partidas presupuestarias, tomando en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal del proyecto oscila entre los $4061 millones y los $10.489 millones. En el Gobierno entienden que la medida no alterará las cuentas del Estado ya que lo que se hará es una redistribución de partidas y no la puesta en marcha de nuevas.
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